Por Cruz Pérez Cuéllar
En mis años de estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, hubo señalamientos intermitentes de que la máxima autoridad universitaria había intervenido o tratado de intervenir en alguna decisión de las unidades académicas, claro que eso despertaba el enojo de la base estudiantil pues atentaba contra los propios principios sobre los que se decía reposaba la esencia de esa institución.
Las reacciones de alumnos y maestros nunca se hacían esperar, teníamos que defender nuestros derechos, no se diga cuando un elemento externo a la propia Universidad intervenía en elecciones estudiantiles o en la imposición de directivos, maestros u otros.
Siempre había un anhelo constante de libertad al interior de la universidad, de respeto irrestricto, pero también de acreditar una verdadera autonomía, aunque en esto siempre había asegunes, sin embargo era la pugna permanente.
Pero lo anterior viene a colación porque nunca en ese periodo (quizá después) vimos con tal descaro, una intromisión tan burda, como lo está haciendo el gobierno del estado en este momento en la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde recientemente, de un plumazo, prescindieron de los servicios de varios maestros y personal administrativo de la Facultad de Derecho de Chihuahua, la mayoría, docentes que no son afines al Partido Acción Nacional, y por supuesto, a los de la rectoría a cargo de Luis Fierro Ramírez.
La denuncia pública que hace dos semanas hizo el director de dicha facultad, Roberto Díaz Romero, rebeló lo que en otras unidades académicas puede estar sucediendo a la par de la Facultad de Derecho: una violación directa a la autonomía universitaria tras la intervención de los gobiernos panistas del estado y municipio en las decisiones internas de la UACH.
Lo peor de todo es que dichas acciones estarían consentidas por el rector, quien, en el caso de Derecho, habría enviado, a decir de Díaz Romero, una lista de maestros para sustituir a los recién despedidos, entre los que se mencionan a un director del Ayuntamiento de Chihuahua, Marco Bonilla y la diputada del PAN, Georgina Bujanda, así como otros personajes afines a los gobiernos en turno a nivel local.
Además, desde la rectoría se removió al secretario de Extensión y Difusión de Derecho, Hugo Molina, sin consultar al principal responsable de la unidad mencionada. Esto generó la inconformidad obvia entre los estudiantes y maestros, y mantiene a la fecha un clima de inestabilidad, puesto que se sabe, han sido violentados los preceptos de la tan llevada y traída autonomía universitaria.
El problema es que si el encargado de velar por dicha autonomía no lo hace y por el contrario se presta para que grupos extraños a la institución invadan un territorio que creen suyo por derecho, por tener la batuta política local en sus manos, la situación se complica y los intereses de los universitarios seguirán en juego, a menos que se recapacite y reculen en su intento de intromisión, lo cual se antoja difícil.
Lo irónico del asunto es que luego de la publicación del presente reclamo, esgrimirán contra un servidor y quienes opinen parecido el respeto a la autonomía universitaria. ¡Cínicos!, sería un descaro, pero no pueden hacer otra cosa, ellos están ultrajando lo que en teoría dicen defender.
Por eso pregunto: ¿Para eso quieren departamentalizar a la universidad? Suena obvio, pero hay que decirlo: para restarle capacidad de maniobra a los directores y funcionarios de las distintas áreas y concentrarlas en unas pocas manos, que serán dispuestas seguramente por quienes hoy se adelantan a esa reestructuración. O si realmente se pretende crear un nuevo modelo que modernice el sistema administrativo, acabe con la duplicidad de funciones, que impulse la investigación docente y con ello el desarrollo de alumnos y maestros, que deje ese esquema obsoleto que a decir de los propios estudiantes y docentes enseña poco y produce menos, y además de todo, es demasiado caro, entonces que las autoridades universitarias eviten la metida de mano del gobernador Javier Corral y de quienes desean imponer a los suyos valiéndoles un comino los principios por los cuales se ha luchado durante tantas décadas.
A lo largo de este quinquenio hemos visto innumerables intromisiones de un poder en otro, del Ejecutivo en los demás claro está, del gobierno estatal en las instituciones que procuran ser autónomas, en sectores donde la competencia les genera urticaria. Hay varios botones para la muestra: está el tan sonado caso del Consejo de la Judicatura con varios personajes muy cercanos al gobernador, estos operaron para incidir en la selección de jueces y magistrados, asunto en el que intervino la portavoz del mandatario estatal en el Tribunal Superior de Justicia, Lucha Castro, quien recurrió a una de las peores estrategias para garantizar la entrada de aspirantes a fines al sistema y dejar fuera a los jueces incómodos. En estos días, 340 abogados de Juárez exigieron una vez más la renuncia de la consejera, la cual se resiste a conceder el gobernador.
La intromisión en el Instituto Chihuahuense de Transparencia fue tan notable como vergonzosa. La independencia que intentó hacer valer el comisionado Rodolfo Leyva, le costó la presidencia de la institución y fue golpeteado por todos lados para que dejara también el puesto, no lo lograron. El Congreso del Estado está lleno de ejemplos de esa incesante huella antidemocrática del gobierno estatal actual, que trata de acaparar, de controlar, y de manipular.
Pero más delicado que lo anterior son los intentos por violentar la independencia de las instituciones educativas de nivel superior, principalmente son los casos de la UACJ y de la UACH, donde en la primera se trató de meter mano para imponer rector aunque no les salió la jugada, era obvia y fue advertida a tiempo por las bases, por lo que dejaron fuera la propuesta de palacio de gobierno. En la Autónoma de Chihuahua también han querido imponer su voluntad, romper con los esquemas tradicionales para tomar el control, con o sin el consentimiento de la rectoría.
En el caso que nos ocupa, maestros y alumnos han advertido a distancia las orejas del lobo tras varias acciones que denotan desesperación por ganar terreno en el ámbito universitario, principalmente en la Facultad de Derecho, donde saben que desde hace tiempo convergen fuerzas políticas ajenas al partido en el poder. Se sabe de otros movimientos en las unidades académicas con mayor población estudiantil, como es el caso de Contaduría y Administración y Ciencias Políticas y Sociales, a través del desplazo de maestros, de personal administrativo.
Lo curioso es que no se han querido esperar a que llegue la mencionada departamentalización para llenarse las manos, se han adelantado y eso configura su fracaso en ese intento.
No por nada la facultad de Derecho ha ondeado la bandera de “#NoALaDepartamentalización”, no podríamos culparlos, hay inconformidad, hay molestia, y si el mandatario estatal no repara en el daño que se está haciendo, debe saber también que en este caso no ocurrirá como en el Congreso, que lo tiene copado por sus personeros, o en el Consejo de la Judicatura; en el Ichitaip u otras tantas instituciones donde quiere acaparar el poder, acá hay voluntades entre el estudiantado y profesores que no se sujetan a la línea oficial, muchos la desconocen otros se oponen directamente a ella.
Que se sirva el gobernador de la historia de Universidad Autónoma de Chihuahua para que conozca su destino sigue por ese camino; no podrá salir invicto luego de tantas marrullerías en su gobierno, en la UACH como en la UACJ, lo más recomendable es que se abstenga de seguir interviniendo, la comunidad universitaria no tolera la intromisión.
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