Por Cruz Pérez Cuéllar
Rehuir al debate e imponer su voluntad por encima de cualquier otra opinión en el tema del reemplazo general de luminarias en la ciudad de Chihuahua, es a mi juicio, la primera muestra de desconfianza en este proyecto de la alcaldesa María Eugenia Campos, quien prefiere ignorar las voces al interior del Cabildo que se oponen a dicho plan, incluso aquellas que provienen de los miembros de su propio partido político, que darles cabida, por lo menos por respeto a sus representados.
Y también rechaza las voces de fuera del Cabildo, que advierten un peligro serio para las finanzas del Ayuntamiento si se procede con el endeudamiento de más de 6 mil millones de pesos para este propósito, sobretodo en las siguientes cinco administraciones que quedarían atadas de manos, en lo que se refiere al ingreso proveniente del Derecho de Alumbrado Público (DAP), los próximos alcaldes deberán renunciar involuntariamente a dicha entrada que se cobra a los ciudadanos a través del recibo de la Comisión Estatal de Electricidad y que ésta le transfiere a la administración municipal.
La alcaldesa de la capital rechaza las voces del pasado que negaron la probación de un plan similar para Ciudad Juárez en mayo del 2017 (aunque hay que decir que aquel otro se contemplaba una menor inversión y una mayor cantidad de lámparas LED). La obtención de recursos a través del DAP durante varios años y la utilización de otros ingresos propios del Ayuntamiento, fueron el motivo principal de la negativa.
La cerrazón se da también frente al antecedente del proyecto fallido de renovación de 12 mil luminarias tradicionales por las de LED en ciudad Delicias, durante la administración 2010-2013 del ahora diputado Mario Mata Carrasco, cuando dio acceso ese municipio a la concesión del sistema de alumbrado público, pero que dejó daños multimillonarios puesto que las lámparas pronto comenzaron a fallar, y las que servían no alumbraban como se necesitaba, su funcionamiento era totalmente deficiente.
Este caso tiene otras semejanzas que lo hacen más explicativo para el caso ya que se trataba también de una administración panista, muchos señalamientos a esa versión anterior del “Iluminemos Chihuahua” trataban sobre el empeño de hacer negocios propios a costa del pueblo. Hay funcionarios que son los mismos en éste y en ese otro proyecto, y las justificaciones para implementar dicho negocio multimillonario son las mismas.
Es muy sugestivo por ejemplo que haya sido nombrado asesor de la alcaldesa Campos, para dicho asunto, el mismo que ha estado involucrado en las campañas de los panistas en la entidad desde hace casi dos décadas, Arturo García Portillo, quien había sido coordinador de campaña del homofóbico exgobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, quien de acuerdo a recientes y anteriores publicaciones periodísticas está relacionado precisamente con empresas del ramo de las luminarias.
La voracidad con que actúan las autoridades municipales en este asunto los hace descuidar elementos importantes en proyectos de esta envergadura, se habla de una inversión que rebasa por mucho la capacidad de las finanzas del Municipio. Por ejemplo el proyecto presentado a las comisiones del Cabildo carecen de la formalidad y de profesionalismo que requiere un plan de este tamaño; los regidores de Morena han señalado con puntualidad tales deficiencias, que van desde un diagnóstico echo no por expertos, a ojo del buen cubero, como vulgarmente se diría.
Se habla de cifras estimadas o “referenciadas” que son extraídas de los estudios elaborados por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía (CONUEE) y proyectos “demostrativos” del Fideicomiso para el Ahorro de Energía (FIDE) que se bajan de las mismas páginas web de esas dependencias. Prácticamente es un copy-paste de los formatos oficiales llenados por el Municipio con cifras aproximadas.
Hay un dato curioso: en la presentación del “Proyecto de Reconversión Tecnológica del Alumbrado Público de la Ciudad” o “Iluminemos Chihuahua” se informa que se reemplazaría el total de las luminarias de la ciudad, cantidad que asciende a 81 mil 585 lámparas, además se instalarían otras 1 mil 600 que no existen (naturalmente tampoco los postes, cableado y transformadores, de lo cual no se da detalle). Pero en el 2015 la administración municipal ya había instalado 7 mil 477 luminarias tipo LED, que de acuerdo a la corta explicación también serían reemplazadas. ¡Una locura!, o ¿a caso esa cantidad no explicada forma parte del negocio?. A la luz de este señalamiento dirán ahora que sí están contempladas, pero habrá que ver un diagnóstico profesional.
Ahora, se ha cuestionado la decisión de presentar el proyecto bajo el esquema de concesión y no a través de una Asociación Público-Privada (APP), y se sabe que la concesión es menos regulada, lo que puede interpretarse como una forma de darle la vuelta a los requisitos que se exigen en una APP, esquema que sí blinda jurídica, técnica y financieramente un proyecto de largo plazo. Además, con una APP se transparenta todo el proceso desde la contratación de un tercero para elaborar el estudio costo-beneficio, hasta la licitación y adjudicación del contrato respectivo.
El costo es demasiado alto para el ayuntamiento, que enfrenta muchos desafíos en materia presupuestal, además, desde el inicio del proyecto se plantea un pago de entre 160 y 177 millones de pesos a la empresa ganadora, como contraprestación inicial, cantidad que se estaría actualizando cada año. En pocas palabras, la empresa privilegiada estaría recibiendo la ayuda del municipio para que preste el servicio que le está solicitando. Nomás faltaría que le preste también equipo y trabajadores.
De acuerdo al Código Municipal, hablando de concesiones, establece que los licitantes deberán ser vecinos del Estadio de Chihuahua, y deberá tener un capital contable requerido que es del 60 por ciento del costo del proyecto, es decir, de al menos 3 mil 600 millones de pesos. Los expertos en la materia consultados desconocen que haya uno de este ramo con dicho capital en los estados vecinos. A menos que de pronto salga alguno, que haya trasladado recientemente su domicilio con ese propósito de Guadalajara a Torreón, por ejemplo.
Por ello se buscan el esquema de la Concesión que se paga con recursos municipales, lo cual implica que el Derecho de Alumbrado Público se sostenga con los incrementos proyectados durante 15 años para garantizar el pago al contratista. En otras palabras, serían la ciudadanía y las empresas propiamente las que estarían pagando el costo del proyecto con los incrementos anuales al DAP.
Ni hablemos del plan financiero que trae errores garrafales que nos hacen suponer otros propósitos en el uso de esos recursos, puesto que se establece un crédito superior a los 6 mil millones de pesos, pero las cuentas mal hechas y que figuran en el proyecto de alumbrado público para la ciudad de Chihuahua, tropiezan con la suma casi duplicada de la inflación estimada. En el cálculo correcto el monto ascendería a 3 mil 841 millones de pesos y no los 6 mil millones anunciados. La diferencia es abismal.
Afortunadamente la película ya la hemos visto, y en el pasado reciente, y los resultados no han sido buenos para quienes hicieron las cosas mal. El problema es que si los diputados del PAN, con su mayoría en el Congreso, aprueban este negocio de la alcaldesa de Chihuahua, sin considerar los vicios de fondo, traerán severas consecuencias para los habitantes de la capital, quienes padecerían las consecuencias durante las siguientes cinco administraciones municipales.