Por Cruz Pérez Cuéllar
Hay un tema con el cual cerró el 2017 y que me parece descubre en lo individual el lado oscuro de ciertos funcionarios públicos ligados al Partido Acción Nacional y una gran deficiencia en la manera de impartir justicia por parte del Gobierno estatal que ha querido venderse como implacable con los servidores corruptos del gobierno anterior, pero que en este caso, del cual abundaré a continuación, se muestra indulgente y hasta complaciente contra quien debiera mantenerse imparcial, aún tratándose de individuos que militan en el partido del gobernador Javier Corral.
La grabación de conversaciones entre el vocero del Comité Directivo Estatal del PAN, Alfredo Piñera, y la periodista asesinada el año pasado, Miroslava Breach, hallada en la computadora de Jaziel Vega (uno de los señalados en este homicidio), habla de la grave implicación de funcionarios panistas en este lamentable suceso que conmocionó a todo el estado por las publicaciones de la corresponsal de La Jornada, quien denunció en el 2016 posibles nexos entre candidatos a cargos públicos y el crimen organizado en la zona serrana, lo cual derivó posteriormente en amenazas que concluyeron con su homicidio el 23 de marzo del año pasado, cuando salía de su casa con uno de sus hijos.
Las grabaciones mencionadas se hicieron públicas hace una semana, durante la audiencia de vinculación a proceso en contra de Juan Carlos Moreno Ochoa “El Larry” (supuesto autor intelectual del homicidio de Miroslava Breach), y se comprobó que el vocero del PAN (durante la gestión de Mario Vázquez Robles, actual director de Servicios Públicos Municipales de Chihuahua) puso a disposición la mencionada grabación en manos del exalcalde de Chínipas, Hugo Amed Shultz, de extracción panista.
Además de los mencionados también salieron a la luz pública en ese proceso el nombre del exsecretario general del Comité Estatal del PAN, José Luévano Sáenz, actual secretario particular del gobernador Javier Corral Jurado. Mario Vázquez, habría instruido a Piñera y coparticipado en la intención de grabar a Miroslava Breach, obviamente sin su consentimiento, para luego entregar el audio al exalcalde de Chínipas, pero que finalmente terminó en manos de uno de los responsables del homicidio.
Lo anterior genera una serie de cuestionamientos. Uno de ellos es precisamente la manera de actuar, sin escrúpulos, del actual funcionario municipal del Ayuntamiento de Chihuahua, Mario Vázquez, quien junto con Alfredo Piñera pusieron en riesgo la vida de la periodista, sabiendo la gravedad de las publicaciones y los señalamientos que hizo en sus reportajes donde mencionó nombres, lugares y describió situaciones que indicaban la delicadeza con que debía tratarse el asunto.
Ellos podrán argumentar cualquier cosa, pero la evidencia es la propia grabación que apareció en los archivos de uno de los copartícipes del asesinato. El dato por sí solo amerita una investigación exhaustiva y aplicación de medidas que no se han dado.
Esto lleva a otra cuestión, relacionada a la actuación del Ministerio Público y la Fiscalía General, quien coloca a Piñera, identificado en la audiencia como “Casio”, en calidad de testigo protegido. El asunto necesariamente debe estar revisado y llevado por el propio gobernador Javier Corral, a final de cuentas jefe del fiscal general, quien conoce a ambos personajes implicados, que son de su partido, y que está teniendo consideraciones que seguramente no tendría si no los uniese el vínculo partidario o amistad con alguno de ellos.
A estas fechas ya varios medios de comunicación locales y nacionales han dado cuenta de la calidad del trato que está dando el mandatario a los personajes relacionados a su partido, y otra muy distinta a quienes se vean implicados en cualquier delito pero que sean sus adversarios políticos o pertenezcan a otra ideología, a la cual no sea afín. Hay privilegios, eso se nota, pero estamos hablando de un caso por demás delicado, es un homicidio de una profesional del periodismo que fue privada de la vida por una publicación, y que tiene que ver con uno de los principales males que aquejan a toda la población, y que es la inseguridad, la inseguridad generada por la actuación de grupos delincuenciales que operan a sus anchas por la incapacidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno para frenar su desarrollo y avance.
También es preocupante la forma en que estos funcionarios trataron de arrancarle a la periodista las fuentes que involucraban a algunos candidatos con grupos delincuenciales en la zona serrana. Ello es un ejemplo de políticos carentes de toda ética que impulsados por sus propias ambiciones, cegados por sus deseos políticos o personales, no les importa poner en riesgo la integridad de otras personas.
La constitución local y la Carta Magna protegen la secrecía de las fuentes así como el secreto profesional, y condena todo tipo de presión para acceder a información bajo estos supuestos. El Gobierno de Chihuahua y la Fiscalía General del Estado sentarían un mal precedente al dejar pasar estos casos, donde está muy clara la presión que ejercieron los dos funcionarios mencionados, o en su caso el ahora secretario particular del gobernador José Luévano para que Miroslava revelara sus fuentes y luego dejarla en tan vulnerable condición. No sólo se debe tomar en cuenta sino aplicar un castigo ejemplar.
No hacer lo anterior sería una total contradicción a los principios y compromisos asumidos por el propio Javier Corral al inicio de su mandato, quien, anticipó su manera de actuar como gobernante: “A todo aquel que sea descubierto en mi gobierno en actos de corrupción, saqueo, robo hormiga, será conducido a la justicia sin protección especial, así sea mi colaborador más cercano, mi asesor principal o mi compañero de hace muchos años en el Partido”.
¿No es acaso más grave que el saqueo o robo hormiga, poner en riesgo la vida de una buena persona, como era la periodista Miroslava Breach?
La Fiscalía General a uno de los implicados le está dando resguardo en su calidad de “testigo protegido”. Pero el caso aún no está cerrado y se puede enderezar el entuerto.
Se deben comenzar a hacer bien las cosas, de lo contrario no quedará nada de credibilidad, para que los ciudadanos confíen en las instituciones, y que la figura del político no se siga degradando. Y que quien se encuentra a la cabeza del gobierno, como principal autoridad en el estado, demuestre al ciudadano común que es capaz de anteponer sus intereses personales a los del pueblo que lo eligió.
Sugerencias y comentarios favor de hacérmelos llegar a mi correo: cpc16169@gmail.com