Por Cruz Pérez Cuéllar
Muy pronto comienza a desmoronarse el castillo de arena en el que el gobernador Javier Corral tiene fincadas sus esperanzas de gobernar, como ningún otro, el estado de Chihuahua. Son varias muestras las que él y su propio gabinete han dado para poder comprobar lo anterior, pero antes me parece oportuno señalar un mal mayor.
Todo gobierno, toda administración pública tiene sus limitaciones y sus debilidades, así como aciertos y fortalezas (pero de esto último ya se encargará su propio panegírico o paleros de hacerlo notar, a nosotros nos corresponde la crítica formal, nunca para afectar la imagen sino para que se corrijan los errores, para que haya un cambio de rumbo ante el descubrimiento de las fallas). Esta condición se percibe desde el momento de la planeación, la administración estatal debió hacer una con su gente cercana, con consultores expertos; ellos saben de antemano las deficiencias, tanto del mandatario como las de su equipo. Sin ser un especialista en el tema, se sabe que es necesario trabajar en consecuencia de dichas debilidades, así como se aprovechan las fortalezas los aspectos en contra se deben combatir, mejorarlos, para convertirlos en oportunidades. Bueno, parece que esta parte no ha sido aplicada en la administración corralista.
Los personajes que fueron invitados a formar parte del gabinete estatal debían ser plenamente revisados, probados, para causar el impacto que el ciudadano requería de su nuevo gobierno. Unos más que otros, porque ciertos secretarios necesitaban demostrar experiencia y capacidad en su área, más una dosis de confianza del titular del Ejecutivo y era suficiente para quedar dentro de la administración estatal, pero otros no podían pasar por ese mismo rasero, ya que la posición los obligaba a demostrar algo más que experiencia y capacidad: aseo administrativo, honestidad, incorruptibilidad, sagacidad, visión, estrategia. Pero les falló el método, hubo dos funcionarios que llegaron al nuevo amanecer con el traje manchado, con un pequeño pero muy significativo historial negro que los perseguía y los alcanzó en los albores de esta administración.
Dicen que para tener la lengua larga es necesario tener también la cola corta, pues aquí no aplica, nada más se aprecia lo primero.
La suspensión que pesa sobre el fiscal general César Augusto Peniche Espejel (por negligencia administrativa) y la secretaria de la Función Pública estatal Stefany Olmos (por no presentar su declaración patrimonial), que fue ordenada el año pasado por la Secretaría de la Función Pública federal habla de una grave deficiencia del gobierno estatal que podría estar incurriendo en otra irregularidad, esta mas grave, al permitir que dos funcionarios sancionados por el órgano de vigilancia (ambos fueron servidores públicos del gobierno de la República) trabajaran en la administración pública ignorando el otro castigo.
Además, no se trata de dos simples funcionarios que bien pueden reemplazarse y luego decir que no pasó nada, que la administración de Javier Corral sigue firme en su propósito de hacer un gobierno honesto y trasparente como ningún otro. No puede ser así, por la simple razón de que justamente los dos señalados, César Peniche Espejel y Stefany Olmos, son los encargados de demostrar esa parte “trasparente y honesta” de la administración estatal, la incorruptibilidad del nuevo amanecer se desmorona por sí sola. El fiscal es quien debía procesar a los malos funcionarios señalados por el mal manejo de recursos públicos, por el abuso de poder, por el cohecho, la sustracción y desvío de capital público de la pasada administración. Olmos, debía investigar a los servidores públicos para fincarles responsabilidades y llevarlos ante la justicia, igual, de la pasada y actual administración. Ambos debían demostrar que el gobierno actual se maneja realmente con rectitud y si hay alguna falla ellos la corregirían; pero la sorpresa es que son ellos los del problema y sancionarse así mismos suena como que en chino.
Si el fiscal general y la secretaria de la Función Pública no fueron capaces de respetar los tiempos que la inhabilitación les ordenaba, entonces ¿que se puede esperar de los asuntos a su cargo?, seguramente los juzgarán con la misma ligereza que los suyos o peor. La generación de múltiples chivos expiatorios y expedientes contaminados sería, por decir lo menos, una constante si se les deja que sigan en el cargo.
Ahora, la responsabilidad del gobernador Javier Corral era conocer ese antecedente y evitar su nombramiento por apego al derecho y respeto a la justicia. Pero digamos que la planeación no siempre se da en los términos planteados y los funcionarios aludidos no fueron del todo sinceros con el mandatario. Entonces los dos habrían cometido una grave omisión a su jefe, quien ahora enterado de los hechos, lo mínimo que debe hacer es expulsarlos de la administración y en congruencia con su discurso de “honestidad y transparencia”, dar cabida a otras personas que sí tengan un historial limpio, y si acaso tienen faltas, que su antecedente no contraste con la función que pretender realizar.
En delante, la administración estatal deberá manejarse con pies de plomo, hablar menos y actuar más, hacer los señalamientos oportunos sin extralimitarse, porque a escasos cuatro meses de iniciada la administración el ciudadano común advierten hoy que los nuevos integrantes del poder Ejecutivo no son tan corruptos pero sí son corruptibles, que no muy malos pero tampoco son santos, que son humanos, que pueden cometer los mismos o peores errores que en el pasado. La muestra de ello está vigente.
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