Por Cruz Pérez Cuéllar
La falta de credibilidad que la clase política tiene ante los ciudadanos no responde a otra razón más que al olvido de muchos candidatos hechos funcionarios públicos, de sus promesas de campaña, del principal deber de todo servidor público para con el pueblo que le dio la oportunidad de representarlos, de servirles. Y luego, desoyendo al benefactor la consecuencia natural es la corrupción, el uso de recursos del erario para beneficio personal, o de su grupo político.
Por ello el gobierno, en cualesquiera de sus niveles, sea municipal, estatal o federal, si se dice democrático, debe atender primero las necesidades de la gente, cumplir los compromisos con los cuales se granjeó la confianza de los ciudadanos. Debe responder con entereza a sus demandas, con acciones concretas, dejando a un lado la verborrea, no es justo que después de todo se le siga dando atole con el dedo a quienes confiaron en ellos.
Existen varios casos en nuestra entidad que hablan de dicho descuido, o más bien, de esa costumbre mal habida en los gobiernos actuales, que saben de los acuerdos, de las necesidades, y se hacen los tontos, no escuchan y fingen muy bien su demencia.
Lo que remedia en parte la situación anterior, es mantener vivos los temas, citarlos constantemente, que no se pierdan en el olvido, porque de esa manera desvergonzada se deshacen de ellos los malos gobiernos, o los gobernantes incapaces de atender las situaciones importantes, pero que no significan mucho electoralmente, por atender otras cosas de menor valor, pero que atrae los reflectores y les deja satisfacción personal.
Hablando de un caso muy sencillo, pero que después de varios años, funcionarios del gobierno estatal de la pasada y presente administración, se han ido pasando la pelotita, pero sin responder a pesar de la gravedad del asunto, ahí sigue sin recibir atención. Me refiero a los acuerdos incumplidos del gobierno estatal para con los habitantes del “Fraccionamiento Rinconadas de Los Nogales”, que se encuentra en la zona contaminada de la Fundidora de Ávalos.
El asunto es muy simple: hay una actuación irresponsable por parte del gobierno estatal que permitió en el 2004 la construcción del Fraccionamiento “Rinconada Los Nogales” a espaldas de Fundidora, bajo la responsabilidad del Instituto de la Vivienda (IVI), hoy Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura del Estado de Chihuahua (COESVI).
Desde que se edificó esa unidad habitacional, y fueran vendidas las casas, varios organismos locales y nacionales como el Instituto Nacional de Salud Púbica, junto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Comisión Estatal para Riesgos Sanitarios del Estado de Chihuahua (COESPRIS), entre otros descubrieron que el lugar era inapropiado para vivir ahí, debido a la existencia de varios metales pesados, principalmente el plomo, el cual se produjo durante todo el siglo pasado, la planta comenzó a operar poco antes de que estallara la Revolución Mexicana y dejó de operar en 1998.
Estas dependencias detectaron también la presencia de otros metales tóxicos, como arsénico, cadmio, zinc, cobalto 40 y mercurio, entre otros, que han dejado serios daños a la salud de las familias que aun viven ahí. Y a otras que sí fueron reubicadas pero en condiciones lamentables, y sin servicio médico adecuado.
En un exhorto, que presentó un servidor, confirmamos la gravedad del asunto y la omisión de la autoridad que no ha querido cumplir con el convenio signado en el 2015 con el representante jurídico de la administración estatal de entonces, pero conociendo del asunto en el actual gobierno tampoco se ha querido actuar en consecuencia. ¿Qué esperan?, ¿a que se muera uno de los niños afectados por la contaminación?, ¿a que más niños y adultos contraigan más enfermedades graves?.
La COESPRIS demostró en un estudio, que hay niños en esa zona con hasta 65 microgramos por decilitro de plomo en la sangre, y que el 76 por ciento de los niños tienen niveles de plomo en su sangre superiores. Para calcular la gravedad de esos niveles, la Norma Oficial Mexicana NOM-199-SSA1-2000 establece que el máximo de plomo permisible en la sangre es de 10 microgramos por decilitro en niños, por lo que las cantidades mencionadas ya causan estragos preocupantes.
La misma Comisión de Salubridad en el estado, en noviembre del 2014, realizó otro estudio de impacto ambiental en dicho fraccionamiento para analizar muestras de agua de tinacos, en las que se reveló la presencia de plomo, arsénico, cadmio, níquel, cobre y cobalto 40, en niveles muy por encima de lo permisible, por lo que los habitantes de la zona continúan expuestos y el problema de salud se agrava cada vez más.
Entre las consecuencias se encuentra una serie de malestares como sangrado nasal, manchas en la piel y dolores de cabeza, entre otros. Hace unos días una madre de familia tuvo a su pequeño sangrando de la nariz por media hora, lo que causó pánico entre los vecinos y en ella misma, ya que pensaba que moriría desangrado. Este es uno de muchos otros casos que no se han querido atender.
En el acuerdo elaborado en el mismo año que se descubrió la contaminación de la sangre en los habitantes de esa zona, incluye el pago de 41 viviendas para que los afectados puedan reubicarse y alejarse del foco de contaminación; así como brindar atención integral en materia de salud (en aquel entonces se habló de otorgarles servicio de pensiones, hoy colapsada por años de malos manejos e ineficiencia administrativa); también se facilitaría asesoría legal en el caso de las respectivas indemnizaciones por secuelas de la contaminación, y la entrega de viviendas en comodato. Pero cuatro años después el convenio sigue sin cumplirse en lo sustancial, mientras que la autoridad ignora las legítimas peticiones.
Lo extraño es que ahora que hace crisis este tema no se ven a “luchadores sociales” que en el 2014 exigieron y hasta formalizaron peticiones al Ejecutivo estatal para que remediara la situación, como lo hiciera Lucha Castro, actual miembro del Consejo de la Judicatura del Estado, y quien había fungido como representante ante el gobierno estatal de algunas familias de Rinconadas Los Nogales, a fin de que se les cumpliera sus demandas. O también como Rocío Reza Gallegos, en aquel entonces diputada federal, quien hasta presentó el tema en tribuna, pidiendo al exgobernador César Duarte que se diera apoyo a las familias afectadas por los contaminantes de la antigua fundidora.
Ahora, ambas funcionarias estatales, una con licencia y en la búsqueda de la dirigencia estatal de su partido, brillan por su ausencia. Ambas han hecho mutis en este, como seguramente en otros casos, en los que antes señalaban con dedo de fuego a la autoridad, pero ahora cuando sus intereses se encuentran en conflicto, por su amistad con el gobernador Javier Corral, deciden callar en lugar de señalar la pasividad en este caso.
Apelamos a la cordura del mandatario estatal, a fin de que se atienda este problema, sabemos de muchos otros casos en los que se invierten millones de pesos pero sin que la necesidad represente ninguna urgencia, en este la hay, e independientemente de cualquier situación se debe apoyar a las familias afectadas y que la autoridad asuma su responsabilidad de haber permitido la construcción de una zona habitacional en lugar indebido.
En la ciudad de Chihuahua hay muchas más situaciones como ésta, necesitan del apoyo de sus gobernantes, y quienes estamos en posición de gestionar y provocar acuerdos en su beneficio, no descansaremos en hacerlo, hasta lograrlo.
Sugerencias y comentarios favor de hacérmelos llegar a mi
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