Por Cruz Pérez Cuéllar
Frases como las acuñadas por políticos de dudosa reputación en nuestro país como aquella tan famosa de Jorge Hank González, exgobernador del Estado de México, que dice: “Un político pobre, es un pobre político”; o aquella que reza: “Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”, atribuida a un personaje del presidencialismo, oriundo de Veracruz, llamado César Garizurieta, “El Tlacuache”; u otra igual o más cínica que usando el folklórico lenguaje mexicano dice, cuando es “Año de Hidalgo”… “pendejo el que deje algo”, haciendo clara alusión al robo que están acostumbrados los políticos en la función pública el último año de la administración, cuando dejan las arcas vacías, aun y cuando el que llegue sea de su propio partido político.
Lo anterior viene a cuento por la reciente liquidación de 1 millón 725 mil pesos que recibió el presidente del PRI Nacional, Enrique Ochoa Reza, por haber laborado en la Comisión Federal de Electricidad por espacio de dos años y medio, contraviniendo varias normas y poniendo muestra a sus correligionarios de que el servicio público sirve para enriquecerse. Lo peor del caso es que con gran cinismo ha salido a declarar públicamente que ha recibido el monto de su liquidación porque así lo permiten las reglas que rigen a la propia empresa, y que es un derecho, a su parecer, bien merecido.
Lo cierto es que pone muy en alto la máxima del corrupto y corruptor mexicano: “el que no tranza no avanza”, porque da pésimas señales de ser un buen servidor público, un buen político, y un buen líder al recibir ese recurso que ya sin el polvo y paja de los impuestos le quedaron 1 millón 206 mil pesos, que corresponden a 9 meses de salario y otros arrimadijos, como no sucede en otra empresa pública o privada del país. Porque Ochoa lleva las riendas de un partido que en menos de dos años quedará desfondado, justamente por las corruptelas que les han sido descubiertas a sus principales representantes, en primer lugar está el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y sus principales asesores como son: Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, su esposa Angélica Rivera, presidenta del DIF Nacional; y el recién depuesto exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso; y ahora su principal alfil para asuntos partidarios, su tocayo de apellido Ochoa.
Enrique Ochoa miente al decir que está en regla su liquidación, porque en los mismos contratos de la CFE señalan que hay dos maneras en que se puede indemnizar a un trabajador de la misma: por “renuncia voluntaria” y otra por “liquidación”; en el primer caso el trabajador, aún habiendo sido director general, se hace acreedor de una compensación que en su caso no superaría los 50 mil pesos; y en el segundo sí puede recibir una liquidación bastante onerosa en base a su salario fijo y el tiempo en que laboró en la empresa. Pero existe un pequeño detalle que con la discusión actual el dirigente tricolor quiere pasar por alto. En el mismo contrato de la Comisión Federal de Electricidad se establece que podrán acceder a la liquidación los empleados que hayan cumplido un mínimo de tres años laborados en la empresa y Ochoa sólo permaneció dos y fracción, por lo que no es sujeto a ese beneficio.
A lo anterior debe añadirse que de ninguna manera entraría Enrique Ochoa en el supuesto de la liquidación por y tratarse de una renuncia voluntaria, misma que él presentó en un documento dirigido al presidente de la República el 8 de julio del presente año, cuando se disponía a recibir la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, luego de los desastrosos resultados que obtuvieron en la pasada contienda electoral en la que habrían perdido casi la tercer aparte del territorio nacional. Al no existir un despido formal por los servicios que prestaba Ochoa a la paraestatal entonces no debía recibir una indemnización que resulta ofensiva para la mayoría de los mexicanos que reciben una patada en las sentaderas cuando son despedidos por una empresa o después de mucho jaloneo reciben una liquidación que apenas ayuda al trabajador para el sostenimiento básico de su hogar.
¿Quienes estarían solapando y hasta permitiendo el desfalco de la CFE en el asunto de la liquidación de Enrique Ochoa? Precisamente quienes conforman el Consejo de Administración de la comisión y que están facultados para permitir o negar un dispendio de esa naturaleza. El Consejo está integrado por los secretarios de Estado: Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, quien para variar ya fue dirigente nacional del PRI; José Antonio Meade Kuribreña, el ahora secretario de Hacienda y Crédito Público, mejor conocido como el arroz de todos los moles porque ya le ha dado vuelta a las principales jefaturas de estado en la pasada y presente administración federal; Ildefonso Guajardo Villareal, secretario de Economía; Rafael Pacchiano Alamán, secretario de Semarnat; y César Emiliano Hernández Ochoa, quien es subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía.
Pero antes que todos los anteriores, el principal responsable obviamente es el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien a final de cuentas dispuso de todo para que dejara la CFE y se fuera a encabezar la dirigencia nacional del demacrado PRI, y quien no permite que haya movimiento alguno en su gabinete sin su consentimiento.
Lo más malo de todo es que la Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública, esto quiere decir que los recursos que maneja provienen de los impuestos públicos, vía Secretaría de Hacienda. Por lo que si un buen jefe, dueño de una empresa privada, si quiere beneficiar a un empleado que se va de su compañía con más de 1 millón de pesos, lo puede hacer, las leyes permiten ese tipo de gracias para los empresarios; pero en esta situación, hablamos de una empresa pública que se debe manejar igual o con mayor celo que una privada ya que el dinero que maneja es de los ciudadanos, de los contribuyentes, que hacen un gran esfuerzo (la mayoría de los mexicanos) para pagar sus impuestos; y pagar una liquidación así es como recibir una patada de mula en quienes han o hemos tenido que abandonar cualquier posición laboral.
La actitud del presidente del PRI es ilegal, y si a caso no lo fuera (hay una maraña y muchos caminos en las leyes laborales que podría, hasta cierto punto, llegar a justificarlo un experto en la materia), esa actitud es completamente inmoral, porque como ya dijimos antes, hay gente que no tienen qué comer, vestir, o donde vivir, mientras que los amos del poder se pagan los grandes sueldos o magníficas compensaciones como esta a costa del sudor de los que menos tienen.
Debe existir un cambio de actitud entre quienes manejan los dineros del pueblo, pero eso no va ser posible si quienes siguen al frente del gobierno son los mismos; es oportuno que el ciudadano de a pie lo reflexione y actúe en consecuencia.
Sugerencias y comentarios favor de hacérmelos llegar a mi correo: cruzp@terra.com.mx