Por Cruz Pérez Cuéllar
El sensacionalismo que provoca la detención de un exfuncionario público de alto rango, sea culpable o no del delito que se le impute, siempre distrae la atención popular y sobretodo de quienes se encuentran en el círculo rojo; la sola idea de imaginar aquél hombre potentado reducido a criminal, así como su estadía en la cárcel, hace volar la imaginación de cualquiera, y repito, tenga la culpa o no hace que la gente piense lo peor, sobretodo cuando el desfalco a las arcas públicas está a la vista de todos, cuando los excesos de un gobierno se ponen al descubierto y se vuelven parte del escrutinio público.
Las detenciones del exalcalde de la Capital, Javier Garfio Pacheco, del exdirector administrativo de la Secretaría de Hacienda, Gerardo Villegas Madriles, y del exdirector de Coesvi y exsecretario de Educación, Ricardo Yáñez, así como la demanda en contra de buena parte del gabinete de la pasada administración estatal, han generado una gran expectación entre los ciudadanos que esperan se haga justicia con el tema del desfalco al erario.
Pero el asunto cobró nuevas dimensiones cuando se filtró una lista de nombres de excolaboradores del anterior gobierno que también serían sujetos de una investigación por corrupción a cargo de la Fiscalía General del Estado; eso provocó que una treintena o más tramitaran su amparo ante la justicia federal para evitar sean detenidos. Hasta aquí el asunto mantiene la atención de propios y extraños, no es para menos, se trata de los recursos del Estado, que son de todos los chihuahuenses.
Pero, aunque el tema es de gran importancia para los ciudadanos, hay otros asuntos que no merecen quedar en el olvido, como el de la inseguridad y específicamente el del asesinato de la periodista Miroslava Beach Velducea, que fue opacado por otros asuntos que tiene toda la apariencia de la típica cortina de humo, por las circunstancias en que se dieron los hechos y por el arrebato de las autoridades estatales actuales que decidieron darle toda su atención sin reparar un sólo momento en los prometidos avances a las investigaciones del caso de la corresponsal de La Jornada en Chihuahua. Y aunque se censure esta teoría por considerarla maquiavélica y por la idea de que las autoridades serían incapaces de implementar algo así, la verdad es que se dejó de lado el tema de la inseguridad que priva en la mayor parte de la entidad para prestar únicamente oídos a este otro de las detenciones de los funcionarios de la pasada administración.
Hace casi tres semanas que ocurrió este lamentable asesinato, que es más que lamentable por tratarse de una profesional de la comunicación, alguien que suponía sus derechos y libertades a salvo, pero fue asesinada por el ejercicio de su profesión, por una mala estrategia de seguridad del gobierno estatal, por una condición inapropiada para poder ejercer el periodismo en Chihuahua, por la violencia desbordante que no ha sido controlada por quienes están obligados a hacerlo, por una cerrazón de quien lleva las riendas del Gobierno del Estado que prefiere pelear, discutir, señalar antes que actuar, que operar con eficacia las acciones que conlleven a la concordia, a la paz.
Ya es momento de mirar de nuevo la realidad, la realidad de la inseguridad que no ha cambiado con más aprehensiones y órdenes de detención que se hayan emitido en contra de funcionarios de la pasada administración, por más distractores que el gobierno estatal genere, tarde o temprano tendrá que volver a mirar atrás y tratar de darle solución al detestable estado que guarda la seguridad en Chihuahua, que ha dejado a seis meses de iniciada esta administración casi un millar de personas asesinadas, entre ellas dos periodistas: Adrián Rodríguez y Miroslava Breach.
¿O apoco, cuando de nuevo haga crisis el tema de la inseguridad, la administración de Javier Corral Jurado tratará de salirse otra vez por la tangente y en lugar de intentar darle solución al problema enfocarán toda su atención a promocionar otra circunstancia parecida a la que ahora tiene entretenido a todo el aparato gubernamental?. Aún y detengan a todo el gabinete del sexenio pasado, eso no eliminará el grave problema de la inseguridad y la falta de desarrollo económico que prevalece en la entidad, no generará obra pública; es decir, quizá se olvide por un momento del consciente colectivo los problemas y las carencias, pero no las resuelve, le servirá a la autoridad para salir al paso e inventar nuevos pretextos para escabullirse, pero no se estará atendiendo de nuevo el problema.
Con lo anterior no quiero decir que estoy en desacuerdo con que se haga justicia en contra de quienes hicieron mal uso de sus cargos en el pasado reciente y se hicieron de recursos de forma ilícita, en contra de quienes desfalcaron al gobierno, claro que no. Que se meta a la cárcel a quien haya cometido actos de corrupción, a quienes le metieron la mano al cajón, pero que no se mal entienda, esta operación no debe impedir una acción inaplazable en contra de la crisis de inseguridad por la que atraviesa el estado, que ha comenzado a dejar ver otra vez las extorsiones a comerciantes, o ejecución de los mismos por no pagar la cuota, el secuestro, los homicidios por doquier; ha provocado despierten otros demonios, como los enfermos feminicidas que a rio revuelto también hacen de las suyas, ya aparecen cadáveres de mujeres por todos lados; los delitos menores se incrementan y socavan la tranquilidad de los chihuahuenses, el clima se torna oscuro y complicado, pero amerita toda la atención de la autoridad.
Luego del asesinato de la periodista Miroslava Breach, el gobernador Javier Corral se había comprometido a darle puntual seguimiento, en conferencia de prensa hizo un llamado a los representantes de los medios a fortalecer juntos al gremio, por única ocasión se le vio afable con ellos, se sentía en deuda por el constante ataque a la actividad de los periodistas en Chihuahua, pero una vez que desplegó su operación de justicia en contra de los exfuncionarios de la pasada administración regresó a su trato habitual para con los medios, se olvidó del seguimiento a las investigaciones del homicidio de la periodista que atrajo críticas al gobierno del panista no sólo desde el ámbito local y nacional sino de organizaciones internacionales.
Por otra parte, es fundamental que el gobierno estatal demuestre la culpabilidad de los funcionarios presos por presuntos actos de corrupción, que elimine por completo la idea de que son chivos expiatorios para purgar los pecados del pasado y con ello ganará toda la credibilidad y respeto a sus decisiones que parece haberlas tomado en el preciso momento que les llegaba el agua al cuello por un cúmulo de fallas administrativas y políticas.
Pero también que el estado recupere la tranquilidad del pueblo, para que luego podamos hablar de desarrollo económico y de otra índole, si no hay lo primero no se puede garantizar el progreso de nuestra entidad, permanecerá estancada porque ningún ciudadano honesto, se dedique a lo que se dedique, podrá avocarse con creatividad, con ingenio, con pasión, a su actividad productiva favorita, si lo único que le preocupa es resguardarse de las balas y resguardar a los suyos de las mismas; esa, definitivamente no es vida, así que una vez atendido el gran problema la prosperidad, el desarrollo, la justicia, se darán por añadidura.
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