Por Cruz Pérez Cuéllar
Hay varias razones por las cuales la gente dejó de creer en los gobiernos emanados por el bipartidismo, que durante varias décadas controló el sistema político mexicano, y que en años recientes les dio por hacer una política sustentada en el principio de “por mis pistolas”, dejando de lado las necesidades primordiales de los ciudadanos, ignorando su interés en las decisiones públicas, y peor aun, desechando sus principales reclamos.
En lo local asistimos recientemente a una era colmada de caprichos personales, de egolatría en autoridades que actúan por impulsos, cuyas primeras acciones de gobierno son movidas por intereses políticos, ajenos al sentir ciudadano, o que son medianamente compatibles con el parecer el pueblo, pero que van más encaminados a satisfacer sus proyectos personales que otra cosa.
Un ejemplo claro de lo anterior es el Proyecto de Reconversión Tecnológica del Alumbrado Público de la Ciudad, presentado hace unos días por la alcaldesa María Eugenia Campos. Este tendría un costo inicial de poco más de 6 mil millones de pesos, que representa el doble del presupuesto de egresos anual de la capital del estado, contemplado para el ejercicio fiscal de este 2019 (3 mil 277 millones de pesos).
Se habla de renovar al 100 % el total de las luminarias existentes en la zona urbanizada, algo así como 81 mil lámparas de luz mercurial, que serían reemplazadas por lámparas de LED. Y como concesión graciosa al pueblo, es decir, por permitirle hacer el anterior negocio, le añadirían al proyecto 1 mil 600 lámparas más que no existen y que estarían destinadas a cubrir zonas desatendidas por la propia administración municipal y las que le antecedieron.
El problema sobreviene cuando nos preguntamos de donde vendrá el dinero para costear el mentado proyecto. La alcaldesa se adelanta y responde que no habrá deuda alguna, que no se solicitará un crédito a ningún banco, pero poquito peor, sí habrá que solicitar crédito a la empresa que prestará el servicio, no sólo para la instalación de las lámparas, durante dos años, sino que establecerá una concesión de servicio que duraría 15 años, tiempo que se calcula para cubrir la deuda del oneroso programa.
No se estipula un crédito bancario directo pero sí se comprometerían los ingresos captados por el impuesto municipal denominado Derecho de Alumbrado Público, el mentado DAP, durante las siguientes cinco administraciones municipales. Además se comprometerían otros ingresos propios, que afectarían durante los próximo tres lustros, el desempeño administrativo del Ayuntamiento de Chihuahua, y que en la explicación de la edil, no se sabe claramente de donde saldrían esos otros recursos.
Es una cantidad que supera por mucho la capacidad financiera de la administración municipal, pero que intentará remontar con la acostumbrada práctica del endeudamiento. Como ya lo dijimos, no sería deuda directa, pero el gobierno actual buscará una salida, como lo hicieron las administraciones estatales anteriores y lo sigue haciendo la actual con mayor acento, comprometiendo los ingresos futuros a través de la emisión de bonos bursátiles. En el caso del municipio no hablamos de bursatilización sino de un crédito directo con la empresa, y que a final de cuentas el efecto será el mismo, también se tendrán que pagar intereses multimillonarios.
Existen varios argumentos con los cuales podemos asegurar que ese proyecto, que popularmente llamó María Eugenia Campos “Iluminemos Chihuahua”, es completamente inviable, además de lo ya expuesto, en relación a la deuda que heredará a las siguientes cinco administraciones municipales, las cuales no podrán hacer mucho para mejorar en este terreno porque sus ingresos derivados del DAP ya habrían sido gastados por la administración actual.
Primero, ¿qué necesidad hay de reemplazar el total de las luminarias que existen en la ciudad, cuando las carencias en otros rubros son aun mayores?. El tema de la inseguridad por ejemplo prevalece por sobre cualquier otro; y si se trata de iluminar las zonas donde no existe este servicio, entonces que se autorice esa parte, en eso estamos de acuerdo, pero a decir del propio proyecto presentado por la alcaldesa, se trata de unas 1 mil 600 lámparas faltantes, no de 81 mil.
Segundo, ¿por qué gastar lo que no se tiene y endeudar a las próximas administraciones con un proyecto que bien pudiera ejecutarse con el presupuesto proporcional de la presente y las siguientes cinco gestiones municipales?. ¿A caso la misma alcaldesa no censuró en el pasado el endeudamiento que otros gobiernos hicieron, atando de manos a sus sucesores?.
Tercero, ¿para la alcaldesa, no es suficiente el ejemplo de la inviabilidad demostrada en el caso del otrora “Juárez Iluminado”?. De acuerdo a los argumentos del Juzgado Sexto de Distrito que atendió este caso y que finalmente suspendió la licitación pública para otorgar ese servicio, se basó en un criterio básico que hablaba de un “daño irreparable” en caso de otorgar a una empresa el reemplazo del total de las luminarias, comprometiendo recursos de administraciones posteriores, y en ese caso, recursos provenientes de la federación.
Curiosamente las semejanzas entre el “Iluminemos Chihuahua” y su siamés de ciudad Juárez son muchas y las diferencias pocas pero esenciales: Entre las coincidencias destaca que el pretexto para reemplazar todas las luminarias es que “no cumplen con la Norma Oficial Mexicana”, que tiene que ver con potencia de luz, distancia entre postes y ángulo de iluminación.
Otra coincidencia es que ese proyecto lanzado por el alcalde Armando Cabada en el 2017, suspendido por un juez federal y rechazado por el Congreso al año siguiente, es que también fue ofrecido por el edil con todas las garantías de transparencia, igual que lo hizo esta semana la alcaldesa de la capital, sin embargo, en todo el proceso de aprobación, lo que más destacó fue precisamente la opacidad, en los montos, en la contratación de una empresa, y el señalamiento de ser un negocio que hubiese dejado un moche varios cientos de millones de pesos, que serían utilizados en la siguiente campaña electoral.
Ambos programas se proyectaron a 15 años, y ambos serían cubiertos con los ingresos del Derecho de Alumbrado Público en todo ese tiempo, así como parte del Presupuesto de Egresos; los dos fortalecerían a una empresa que se encargaría de suministrar las lámparas, reemplazarlas, así como el cableado y otras cosas necesarias; también darían mantenimiento los 13 años posteriores a la instalación.
Entre las diferencias esenciales destacan que, el “Juárez Iluminado” tendría una inversión inicial por parte de la empresa que prestaría el servicio de 1 mil 500 millones de pesos, después de habló de 3 mil 600 millones, en el “Iluminemos Chihuahua” se habla de entrada de 6 mil millones; en aquél se reemplazarían 109 mil luminarias, en éste sólo 81 mil y se instalarían 1 mil 600 nuevas; en ese entonces el gobierno independiente de Juárez tenía muy pocos apoyos en el Congreso del Estado, quien finalmente rechazaría el proyecto, en cambio la alcaldesa panista pudiera tener el apoyo de la fracción mayoritaria en el Legislativo que es de su misma sigla partidista.
Y un dato más, en aquella disputa por el proyecto de reemplazar todas las luminarias de la frontera, en particular con la empresa Itelliswitch que ya había prestado servicios de ese tipo al ayuntamiento juarense, se elevó la discusión y una acusación fuerte se hizo pública: que en ese negocio de 1 mil 500, ó de 3 mil 600 millones, el alcalde Cabada se haría con un dividendo de al menos 500 millones de pesos. En medio de estas coincidencias, la pregunta que sigue es de rigor: en este otro negocio de la capital, de más de 6 mil millones, ¿de cuanto sería el moche?
Campos Galván sostiene que “ningún gobierno debe cuidar su imagen política a costa del desarrollo, porque al final, las buenas obras trascienden y generan el bien común que todos necesitamos”, pero se equivoca, porque el “desarrollo” al que se refiere no lo pretende en base a su propio esfuerzo sino al menoscabo de los ingresos de las administraciones posteriores.
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