Por Cruz Pérez Cuéllar
Cuando se asume el poder público y se habla de libertad y justicia, pero sus actos para con los sectores sociales son por el contrario restrictivos e ilegales; cuando se habla de desarrollo y progreso, pero en los hechos prevalece la inexistencia de la obra pública y programas sociales; cuando los gobernantes se regodean por ser transparentes y exigen reconocimiento por esa cualidad que tanto agrada a los ciudadanos hoy en día, pero en la práctica del gobierno existen actos y procedimientos sombríos, acciones que no solo no son transparentes sino que caen en el vicio contrario que es la opacidad completa, el ocultamiento de la verdad… entonces estamos hablando de demagogia pura.
La Real Academia de la Lengua Española define demagogia como la “degeneración de la democracia, consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder”.
Nada más elocuente sobre lo anterior que lo que sucede en el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública, precisamente en ese lugar que debiera ser el orgullo de la administración pública estatal por demostrar en los hechos los dichos que en la materia vierte el gobernador Javier Corral, en cada foro, en cada oportunidad que tiene para hacer notar las cualidades de su gobierno, a saber: honesto, justo, incorrupto e incorruptible, pero sobretodo, transparente.
Pero como lo dijimos párrafos arriba, se habla de cualidades vanas, que van bien con el discurso, que son parte de una pieza retórica que engalana los discursos, que políticamente sirve de tierra para tratar de sepultar a los enemigos. Y para el caso gubernamental, sirve para vanagloriarse de una serie de virtudes que solamente existen en el mismo discurso.
En el Ichitaip llama la atención precisamente la opacidad con que se maneja en gobierno el tema de la denuncia presentada por Rodolfo Leyva, a quien le fuera arrebatada la presidencia del organismo por una diferencia con el gobernador, pero luego de que la justicia federal exigiera recientemente su restitución, ¿qué sucedió?, se pusieron a confabular los comisionados afines a la línea política del mandatario junto con los operadores políticos del gobierno estatal y actuaron bajo la sombra, para evitar que el otro comisionado regrese a la silla principal del instituto.
Cuando la sentencia del juez segundo de distrito, Arturo Alberto González Ferreiro, señaló que hubo un vicio de legalidad en el proceso de destitución del presidente del Ichitaip, y resolvió señalando que “la justicia de la unión ampara y protege a Rodolfo Leyva Martínez, contra los actos y autoridad señalados en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia”, se entendía que en apego a la legalidad, a respeto institucional, a la autonomía, se acataría este dictamen y volvería Leyva a la presidencia sin más discusión.
Pero no, la mano que mece la cuna se hizo presente, convocaron a los consejeros del instituto en el propio Palacio de Gobierno, donde cámaras de video captaron a los comisionados a fines al gobernador, encabezados por Alejandro De la Rocha Montiel, al entrar y salir del inmueble, donde se reunieron con el secretario general César Jauregui Robles.
Poco tiempo después de la encerrona, en la sesión programada para regresarle sus derechos a Leyva, los cuatro comisionados, instruidos ya por el operador político del gobernador decidieron dar marcha a tras y solicitar una revisión de la sentencia del juez segundo de distrito para darle largas al asunto y evitar que su compañero llegue a la presidencia.
Eso sí, De la Rocha, renunció a su derecho personal de presentar un recurso de revisión al amparo promovido por Alejandro Leyva, dejó la presidencia, para simular el acatamiento a la sentencia, pero en el fondo se mantiene la sentencia política emitida por el gobernador Javier Corral en contra de quien no se quiso someter a sus exigencias, cuando se entiende que las decisiones del mandatario estatal deben ser ajenas a las que se toman en el Ichitaip, al igual que en todas las instituciones que en la letra se llaman autónomas e independientes del poder político concentrado en el Ejecutivo o en el Congreso o en el Poder Judicial.
Este es un claro ejemplo de que la transparencia de la que habla el gobernador en realidad no está tan clara, se expone en términos bien matizados para que agrade al oído de la gente, y con el pretexto de la misma transparencia se expone a conveniencia a funcionarios anteriores (curiosamente los actuales, a pesar de las innumerables irregularidades encontradas en un año y medio de gestión, no han sido expuestos como se prometió en la toma de protesta de Corral), pero al fin de cuentas está manipulada, no hay congruencia y por lo tanto es falsa y engañosa.
El caso del Ichitaip nos despierta una especial atención porque es el órgano que debiera dar testimonio de que el gobierno estatal y todos los sujetos obligados están cumpliendo con su responsabilidad básica de satisfacer a la ciudadanía cuantas dudas tengan, en cualquier rubro siempre que no se lesione la intimidad de las personas que son sometidas al cuestionamiento, pero por una fobia personal del gobernador, se ha convertido en una maraña de afectos y desafectos, que rayan en la morbosidad, que sugiere desaseo en el fondo y en la forma. Y no es por que lo diga un servidor, los hechos están a la vista de todos.
Además de la incertidumbre generada por el conflicto del Ichitaip, es cada vez más notoria la falta de control del gobierno corralista en el tema educativo, la falta de experiencia y arrogancia para con el gremio magisterial de su secretario de Educación, el empresario egresado del Tec de Monterrey, Pablo Cuarón Galindo, quien no ha vivido en carne propia las necesidades de la escuela pública, han hecho que el problema se agrave.
Dejar sin salario por seis meses y hasta un año a los maestros adscritos a la Sección 42 ( hay que recordar que los que están registrados en la Sección Octava son pagados por el gobierno federal), ora sí que no tiene perdón, porque se sabe por varios medios una serie de frivolidades en las que se les ha ido el presupuesto, y sin tener el pretexto de la obra pública y otros rubros que regularmente consumen gran parte del presupuesto público estatal, no hay excusa para no pagarle a quienes están encargados de velar por la educación de nuestros hijos.
Las manifestaciones desde que comenzó el año se han ido incrementando, no sólo en la capital, sino también en Parral, en Cuauhtémoc y Juárez, las grandes ciudades del estado, pero Pablo Cuarón y el gobernador Javier Corral siguen con los ojos y oídos tapados, prestan atención sólo a los halagos, a los aplausos, pero aquí como en otros sectores están cerrados, y recurren a la única estrategia que les da su escaso oficio político: la de ignorar al pueblo.
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