Por Cruz Pérez Cuéllar
El incremento de la inseguridad en el estado no es, ni mucho menos, un suceso aislado; el alza en los homicidios, secuestros, asaltos a mano armada y demás delitos de alto impacto en particular obedecen a varias razones, pero una innegable e irrebatible es la permisividad, laxitud y completa incompetencia demostrada por quienes están a cargo de las corporaciones policiacas a cargo del estado, es decir, del fiscal general César Augusto Peniche, del comisionado estatal de seguridad Óscar Aparicio Avendaño, pero sobretodo del jefe de ellos, el gobernador Javier Corral Jurado.
El incremento de la inseguridad en el estado no es, ni mucho menos, un suceso aislado; el alza en los homicidios, secuestros, asaltos a mano armada y demás delitos de alto impacto en particular obedecen a varias razones, pero una innegable e irrebatible es la permisividad, laxitud y completa incompetencia demostrada por quienes están a cargo de las corporaciones policíacas a cargo del estado, es decir, del fiscal general César Augusto Peniche, del comisionado estatal de seguridad Óscar Aparicio Avendaño, pero sobretodo del jefe de ellos, el gobernador Javier Corral Jurado.
En el 2018, la cifra de homicidios en la entidad fue de 2 mil 244 casos, de acuerdo a registros periodísticos. El dato es terrible porque si se considera la situación de Chihuahua, su pequeña demografía en comparación con la de otros estados de la República con crisis de violencia, nos daremos cuenta que la situación es grave.
El número de homicidios registrados aquí es inclusive superior al de entidades que nos duplican o cuadruplican la cantidad de habitantes; la nuestra, es una de las entidades más afectadas, tenemos un promedio de 35.5 homicidios por cada 100 mil habitantes; mientras que en años pasados la Secretaría de Gobernación dio a conocer que a nivel nacional la media rondaba por los 20 ó 24 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Al cierre de enero, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dio a conocer el repunte de un 20.4 por ciento de asesinatos en el estado de Chihuahua, a razón de casi 200 homicidios por mes en la entidad, con más del 50 por ciento sucedidos en ciudad Juárez, y la segunda ciudad más vulnerada, es la capital.
Los datos no mienten, se entiende pues que alguien está haciendo mal su trabajo, o lo que es más evidente, no lo está haciendo. Desde la esfera gubernamental en el estado se han dedicado a patear el avispero, pero sin estrategia, sin plan de continencia, mucho menos de prevención.
Se decretó en el 2017 un acaparamiento de las funciones de las policías municipales en Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes e Ignacio Zaragoza, en la zona norte, en donde, por cierto, en este último municipio se registró en esta semana que termina el secuestro y asesinato del síndico Antonio Quezada, y por estas mismas fechas pero del año pasado en ese mismo lugar sujetos armados sustrajeron de la propia presidencia municipal al tesorero, Guadalupe Payán, que horas después fue hallado muerto con varios impactos de bala.
Otro de los municipios donde el gobierno estatal impuso a sus agentes con la supuesta intención de aplacar la violencia, es el de Gómez Farías donde el alcalde electo Dr. Blas Godínez, recibió un impacto de bala en la cabeza antes de tomar protesta como presidente municipal, en estos momentos su situación de salud continúa delicada.
Otros municipios son Temósachi, Madera y precisamente Cuauhtémoc, este último gobernado por el alcalde de Morena, Carlos Tena, quien señalara la incapacidad de las fuerzas estatales para atender el problema de inseguridad, así como la indolencia del gobernador Javier Corral, a quien desde tiempo atrás estuvo solicitando apoyo pero ni siquiera era recibido por el mandatario. Se le advirtió de las amenazas a su cuerpo de policía, y el estado no reaccionó, hasta que asesinaron hace unos días al director de Seguridad Pública de ese municipio, Efrén Peñaflores, junto con su escolta.
Todos los municipios intervenidos por el estado arden en llamas de la violencia, la presencia de la autoridad estatal no sólo no ha podido con el problema sino que lo ha empeorado. En el resto de los municipios de la entidad las cosas no son mejor, sufren la ausencia de una estrategia que pueda siquiera contener la delincuencia, que se placea sin una oposición real.
Y lo más preocupante de todo es que el gobernador Javier Corral, en lugar de intentar resolver el grave problema que se cierne sobre la cabeza de los chihuahuenses, anda tratando de hacer “contrapesos” al gobierno federal, haciendo la politiquería nacional que le gusta, con todo y las pifias que acostumbra.
No se vale que engañe a los ciudadanos permaneciendo en un cargo que le pesa, que no quiere; en ocasiones su actitud demuestra que lo detesta. Porque una de las funciones que ahora lo atan a su gestión, es precisamente la de la seguridad pública, tan desatendida como ignorada durante sus dos años de gobierno.
Es necesario que se avoque a esa actividad sustantiva de la administración estatal, que deje sus ansias campañeras para los periodos electorales, o que siga con ellas pero que abandone el cargo para quien sí quiera y sí pueda con la tarea.
Es necesario y es urgente que entre en Chihuahua la Guardia Nacional, para que pueda abatir el rezago luego de tantos años de abandono en este rubro. Sabemos que esto tomará su tiempo porque ahora se debe terminar de construir el andamiaje jurídico que soporte esta figura de la administración pública federal en materia de seguridad, y luego vendrá el reclutamiento, la capacitación y adiestramiento pertinente para que la Guardia Nacional entre en funciones.
Pero de entrada el gobierno federal podrá entrar al quite con el despliegue de más fuerzas militares, a fin de poder controlar y desactivar a las principales bandas criminales que operan en el territorio estatal.
Es oportuno que haya coordinación entre los tres niveles de gobierno, que la esfera estatal deje de ignorar a los municipios y a la vez esté dispuesto a colaborar con la administración federal, que ha asumido el grave compromiso de terminar con la inseguridad que prevalece en el país, y en particular en Chihuahua.
En tema a parte, aunque con cierto vínculo con la reflexión central del presente artículo, está el inicio de la gira que el gobernador estará haciendo a las principales regiones de la entidad con motivo de su segundo informe de gobierno y que dio inicio el viernes pasado.
Hay dos preguntas que me saltan de inmediato a la mente, y seguramente a la de muchos chihuahuenses también, quizá exageradas, quizá no tanto, la primera: ¿qué es lo que va a informar si no ha hecho nada?; y la segunda: ¿Por qué en lugar de ir a perder tiempo, mejor no se lo dedica a visitar los municipios que a dos años de gestión no se ha dignado visitar?.
Y pudiéramos agregar una tercera: ¿Para qué dedicarle tanto tiempo y recursos a ese informe, cuando los escasos resultados ya son conocidos?. Se vería bien el gobernador Javier Corral, suspendiendo esos informes regionales de lucimiento, y en su lugar se fuera a visitar a los municipios que hoy más que nunca necesitan de la mano de la autoridad para sobrellevar la principal carga de la función pública en Chihuahua, que es la inseguridad.
Vaya desde este espacio mi más sincero pésame, a los deudos del director de seguridad pública de Cuauhtémoc, Efrén Peñaflores y del policía, Alejandro López Rivera. ¡Descansen en paz!.
Sugerencias y comentarios favor de hacérmelos llegar a mi correo: cpc16169@gmail.com