Por Cruz Pérez Cuéllar

Cada vez, cada periodo de gobierno a nivel estatal se manosea las leyes electorales al antojo y al arbitrio de quienes tienen la sartén por el mango, es políticamente lógico aunque no necesariamente ético, acomodar el tablero del juego a modo para que el partido dominante o a quienes se intente beneficiar con el acomodo de las piezas facilite su tránsito por una campaña electoral o en su defecto les dificulte el camino rumbo al propósito de todo proceso de electivo que es ganar determinada posición pública.

Hace unos días los chihuahuenses fuimos testigos del nacimiento de un engendro legal en materia electoral (conocido públicamente como reforma electoral) que despertó muchas dudas en cuanto a la esencia del mismo, porque toda reforma supone una modernización del esquema existente, una adaptación a las condiciones actuales que, en teoría deberá beneficiar al parejo a los sujetos a que se refiere dicha legislación, en este caso a los partidos y organizaciones políticas y a todos aquellos ciudadanos que desean hacer uso de sus derechos para participar en una contienda electoral o inscribirse a cualesquier agrupación política, etcétera. Pero en cuanto a la praxis política una reforma de este tipo beneficiaría a los impulsores y sobretodo a quienes decidieron finalmente darle vida, en este caso los diputados del PRI y PAN que en contubernio quieren generar condiciones que dejen fuera de la competencia a los partidos políticos de menor recaudo de votos y representación ciudadana, así como a los independientes.

Pero debido a la voracidad con que se creó el engendro para hacerle frente a quienes los diputados tricolores y blanquiazules creen son sus peores enemigos, descuidaron un pequeño detalle que desde ya les está generando dolores de cabeza. Me explico con mayor detalle.

Resulta que en la mencionada reforma aprobada en el Congreso del Estado y actualmente sometida a consideración de los cabildos, en su afán de querer minar le terreno a los candidatos independientes, les prohibieron seguir en la administración (naturalmente a quienes ostentan un cargo público en los ayuntamientos) casi un semestre antes de la elección, no así a los funcionarios que no son independientes, o sea que pertenecen a algún partido político, quienes podrán dejar su cargo hasta un día antes de que inicie la campaña.

La medida no sólo resulta dispar e inequitativa, y que viola principios fundamentales a este respecto sino que victimiza a los candidatos independientes, quienes desde publicada la reforma comenzaron a señalar esa decisión del Congreso como el temor que tienen los partidos políticos a los aspirantes sin partido, como una fobia a su astucia política y a su “buen gobierno”; en el caso de Armando Cabada, alcalde de Juárez y el de Hidalgo del Parral, Alfredo Lozoya, ambos independientes, ahora se venden como mártires de la partidocracia que los desprecia porque son mejores que los funcionarios pertenecientes a algún partido político. Debo reconocer que en los dos casos están aprovechando la oportunidad que les dieron ante una reforma donde se nota claramente el intento de avasallamiento. Se pusieron de pechito y tanto Cabada como Lozoya sacan raja política de ello.

Ahora, seamos sinceros, ambos funcionarios independientes tendrán que dejar el cargo público desde enero para ir a juntar firmas, es decir, promoverse electoralmente porque tendrán que preguntarle al ciudadano si respaldan su candidatura a la alcaldía, su reelección, podrán ir casa por casa pidiendo su firma y de pasada el voto, contando con una estructura bien refaccionada por el Ayuntamiento, el cual todavía encabezan, y que ingenuamente los promotores de la separación de los independientes de sus cargos creían que también se separarán de los recursos económicos, materiales y humanos que les provee el cargo que, insisto, no habrán dejado. Los alcaldes del PRI y PAN solamente tendrán que dejar la administración un día antes de que comience las campañas.

A estas alturas, en el círculo rojo, ya pocos creen que esta fue una buena decisión, los independientes harán de las suyas, campaña abierta y con cargo al erario, y gracias a una reforma que intentaba desplazar a los partidos pequeños pero que allanó el camino a los independientes.

Quiero reconocer la valía y participación de Movimiento de Regeneración Nacional en este asunto, en el que se presentaron iniciativas de gran talante, pero ignoradas a conveniencia de los diputados del PRI y del PAN, ya que a ambos no convenían pero que saben guardan el espíritu de una verdadera reforma democrática y que generaba un mejor ambiente para celebrar comicios en Chihuahua pero la rapacidad política hizo que se cerraran completamente a ellas. Vale mencionar la iniciativa de “Sin voto no hay dinero” a través de la cual se propone aplicar con justicia el reparto de las prerrogativas a los partidos políticos, es decir, que estos obtengan el recurso económico público de acuerdo a la cantidad de votantes (luego de cada proceso federal) y no de todo el padrón electoral, porque así estarán obligados los partidos y sus candidatos a generar campañas de altura y no los espectáculos de propuestas vanas y dimes y diretes a los que los chihuahuenses estamos acostumbrados.

La propuesta de eliminar las listas de los partidos para que asuman las diputaciones plurinominales, que estas se repartan solamente entre quienes se la partieron en la contienda, quienes hicieron campaña, y no entre los señores de las cúpulas partidistas, quienes hacen su agosto sin hacer campaña, teniendo como soporte la cercanía, el compadrazgo o  facturas pendientes que cobrar a los dirigentes delos partidos.

También se debe mencionar la iniciativa trasparencia electoral con la apertura de paquetes electorales luego de los comicios, durante los alegatos de las elecciones donde no quedó claro quien ganó y quien no. Sin tener que cumplir con el 5 por ciento de votos de diferencia ni nada por el estilo, si no hay nada que temer entonces que se abran los paquetes sea el porcentaje que sea la diferencia de votos, para que haya más certidumbre.

En suma, creo que este fue un ejercicio que no deja en claro si, luego del acuerdo entre el dirigente estatal del PRI Omar Bazán y el gobernador Javier Corral, pactado en el propio Palacio de Gobierno previo a la aprobación de la reforma en el Congreso, tenía como propósito apuntar a sus propios correligionarios o a los independientes, si pretendían alimentar la pluralidad política o destruirla, si quieren que al gobierno lleguen los mejores ciudadanos o los deshechos de los partidos; en fin, la reforma electoral sienta un precedente de la caída no sólo del PAN, como mayoría que son en el Congreso  sino del PRI, que como dijo el dirigente estatal de Morena, Martín Chaparro refiriéndose a ambos partidos: “Podrán pelearse en público, pero en lo fundamental, en el ejercicio del poder, en el control del presupuesto, en tener a la sociedad como la tienen, ahí son exactamente iguales”.

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