Por Cruz Pérez Cuéllar
Históricamente, se ha establecido que la primer obligación de todo gobernante debe estar con el pueblo que lo eligió, o que conquistó democráticamente; y condenado ha sido también, a lo largo de los años, el gobernante que dedica su tiempo y recursos a tareas que sólo satisfacen su deseo de venganza, sus placeres (que por más lícitos que éstos sean entorpecen su responsabilidad). Porque justificarse en el pasado sin atender su compromiso presente hace que cualquier mandatario mantenga su atención fuera de la realidad y de las cosas que necesitan los ciudadanos, que en el caso de los chihuahuenses son muchas, pero sus demandas no han sido satisfechas porque quien ostenta la autoridad se dedica a todo menos que a gobernar.
En aras de una supuesta justicia el gobierno estatal actual configura su vendetta, con la detención de funcionarios de la pasada administración y el señalamiento de muchos otros que quizá merezcan estar tras las rejas, pero ese no es el punto, sino el hecho de que esta operación le quite el sueño al gobierno de Javier Corral, quien dedica sus esfuerzos y los de su gabinete a perseguir a sus enemigos políticos del pasado, a los del presente los mantiene a raya, los limita, y en algunos casos también se advierte persecución y represión, incluyendo a los del partido que lo llevaron a ganar el palacio de gobierno.
Pero este apetito desordenado en la manera de “hacer justicia” cometiendo una serie de atropellos, no hace más que demostrar que el gobierno y su gobernante no están ocupados en lo verdaderamente importante sino en lo que él considera importante. Al final de cuentas la sociedad habrá de juzgar a esta administración y los yerros que comete, y esa grave distracción que mantiene ocupados a las áreas jurídicas de todas las dependencias, para tratar de configurar algún delito a los anteriores funcionarios, y no se diga a la propia dirección jurídica que ocupa Maclovio Murillo y todos los abogados a su disposición; o la secretaría de la Función Pública que encabeza Stefany Omos, cuya función es específicamente esa, la de recibir denuncias y la de investigar los delitos que cometieron los funcionarios de la pasada administración (no se ha dicho nada de los graves señalamientos de los excesos de la presente, que también debería estar exhibiendo, sobretodo en el área de comunicación social, en materia de propaganda y marketing). Pero además está metido en el asunto en cuerpo y alma la Fiscalía General del Estado que representa César Augusto Peniche Espejel, quien pese a tanta inseguridad tiene ocupado a buena cantidad de ministerios públicos y agentes estatales que buscan ejecutar las múltiples órdenes de aprehensión conseguidas con el aparato Judicial, que catean, investigan y buscan pistas para encarcelar a los anteriores servidores públicos. La secretaría General de Gobierno a cargo de César Jauregui Robles, revisa constantemente expedientes al respecto y revisa la conveniencia política de fincar alguna responsabilidad en tal o cual funcionario público de la pasada administración, o exdiputado; el propio gobernador Javier Corral, ocupa su tiempo en la revisión constante de casos, y dicta las instrucciones convenientes a su juicio, para que el complejo aparato de investigación se avoque a investigar determinada intuición del licenciado en derecho que ahora lleva las riendas de la administración pública estatal.
Aquí faltaría por mencionar los recursos económicos y humanos invertidos en la difusión y en la comunicación oficial e informal de cada caso, que sin duda ocupa bastante tiempo al área de dirige Antonio Pinedo Cornejo. En fin, fácilmente podemos decir que medio gobierno está involucrado en esa tarea, que debe ser importante para la administración estatal, tanto que se distrae de asuntos de primera urgencia y que no admiten justificaciones políticas de ningún tipo, pues tienen que ver con la vida de los ciudadanos, con su bienestar.
Hago un paréntesis para resaltar que no critico el combate a la corrupción y excesos que se estén investigando, no me opongo a la detención de personajes que se hicieron de recursos públicos de manera ilícita; lo que señalo es la gran cantidad de manos metidas en el asunto, cuando existen necesidades que deben atenderse en el momento y no se hace por que la autoridad esta ocupada, ¿haciendo qué?, conformando expendientes, buscando pruebas, configurando testigos protegidos para que echen de cabeza a sus exjefes o excolaboradores. Los que deban dedicarse a ello, que lo hagan, pero que el resto de la administración se ponga a resolver los problemas urgentes de los ciudadanos, y por supuesto, los importantes que tarde que temprano pueden generar crisis si no se atienden hoy, tal es el caso del lamentable tema del desabasto de agua potable en las ciudades más grandes del estado; ciudad Juárez y sobretodo en Chihuahua capital.
En el centro del estado se evidenció a un presidente de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento, Mario Mata Carrasco, totalmente superado por las circunstancias, pero siguiendo el mismísimo ejemplo de su jefe estatal al culpar a la pasada administración de su propia ineficiencia, y declarar que los anteriores encargados de la JMAS no habían dado el mantenimiento correspondiente a la red hidráulica de la ciudad capital. Es decir, en ocho meses de la administración estatal no se había preocupado por revisar las condiciones en que recibieron el sistema de distribución de agua potable (esto, sin tomar en cuenta el periodo de transición, que también sirve para esa tarea, pero evidentemente en los cuatro meses previos a que esta administración asumió el gobierno, tampoco se les prendió el foco de revisar la red hidráulica y específicamente las áreas de bombeo).
Ahora, la crisis se hizo presente. La solución tardía hizo que vecinos de varias colonias de la ciudad de Chihuahua se manifestaran públicamente, en ciudad Juárez las quejas también se hicieron presentes (aunque acá el administrador de la JMAS es otro, aunque con la misma peculiaridad: incapacidad para resolver el problema con la inmediatez requerida). En Chihuahua fueron más de 120 colonias colapsadas, junto con un número similar de escuelas públicas; el caos es previsible aunque indeseable por todos.
Hace unos días mientras en decenas de colonias de la capital lamentaban todavía el desabasto del vital líquido después de varias semanas, en la colonia Paseos de Chihuahua, al norte de la ciudad, se rompió una línea de abastecimiento principal de la cual se derramaron miles de litros de agua potable sin que el personal de la junta de aguas pudiera atenderlo de inmediato, tuvieron que dejar pasar varias horas porque no pudieron detenerla fuga, lo cual orilló a los vecinos de los alrededores a llevar garrafones y diversos recipientes al lugar donde brotaba la fuente para tratar de recuperar algunos litros, ya que ahí era el desparramadero de agua pero en los grifos de sus casas no salía ni una gota. ¡Increíble!.
La imagen pudiera resultar perturbadora si el esquema se repite en otros puntos de la urbe, si se prolonga la escases o la incapacidad para extraer el agua de los pozos.
Por sobre los demás servicios públicos, incluyendo el del transporte público, que tanto hizo mella al finalizar la pasada administración, y que tanto criticó el actual gobierno estatal, por sobre la luz eléctrica, la deficiente recolección de basura, la limpia de espacios públicos, la pavimentación o recarpeteo de la cinta asfáltica, la distribución de agua potable constante y efectiva es la principal necesidad de los ciudadanos.
Solamente creo que antes que el servicio de agua potable se impone otro, que también le corresponde al estado y a los municipios atenderlo, pero que también está por los suelos y es el de la seguridad pública, que cada día incrementa sus índices en cuestión de robo de vehículos, a casa habitación y a negocios, asaltos por doquier, pero sobretodo la ola de violencia por el tema de las drogas que genera homicidios todos los días y a toda hora, secuestros y extorsiones, entre otros delitos que impiden que el ciudadano pueda llevar una vida tranquila.
Entonces, la seguridad está por encima de otras acciones de gobierno porque el principal derecho que se debe respetar al mexicano, al chihuahuense, es el de la vida y la salud; y luego me parece que el servicio que no debe faltar, digo, con las condiciones naturales consabidas, es el del agua potable; y luego sobrevendrán otros, pero avocarse por completo y todo el aparato estatal a una tarea como la persecución de criminales políticos, me parece que desatiende lo primero, cuando se puede hacer todo a la vez, pero en su debida proporción, de manera ordenada, no en una alocada y desesperada campaña para tratar de ganar créditos políticos que de seguir así sumirá a Chihuahua en un caos que no debemos permitir, porque el más afectado es el ciudadano de a pie, no el encumbrado político o empresario que tiene el poder y los recursos para contratar una pipa para que le lleve su aljibe o tinacos, los de abajo son los que sufren las consecuencias de un mal gobierno, los que pagan los platos rotos.
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