La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción aprobada a medias tintas en el Senado de la República la semana que está por concluir es una clara muestra de la desesperación de nuestros gobernantes por erradicar la mala fama que se han ganado a pulso pero que no son capaces de aplicar en la práctica, porque de antemano sabemos que existen leyes que regulan un sin fin de actividades de la función pública y son violentadas porque ya conocieron el caminito y saben por donde sacarles la vuelta, pero ahora quieren venir a darnos atole con el dedo a los ciudadanos, con una reforma mocha, sin filo para castigar y con una serie de recovecos legales, como sugiriendo en ello que nos la volverán hacer.
O sea que la ley anticorrupción aprobada la semana pasada exceptúa a varios funcionarios públicos de presentar la declaración patrimonial, fiscal y de interés con el formato de la plataforma 3 de 3, a la cual nos sujetamos varios candidatos en la pasada elección sin estar establecido en una ley, por ejemplo, pero los que ostentan el poder actualmente no la quieren suscribir. Pero sí buscan que los empresarios que obtienen recursos públicos si hagan pública estas cosas, con excepción de la fiscal. Hay apapacho a los funcionarios. De acuerdo al artículo 29 se propone que los servidores públicos omitan “los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”, según ese criterio, cualquiera podrán hacerlo.
Quienes me conocen podrán corroborarlo, pero no me considero una persona escéptica, cuestiono la realidad, eso sí, pero no juzgo por el placer de hacerlo. Bueno, en este asunto tampoco lo hago, no critico la creación de una ley por la naturaleza de la misma sino por los intereses que la envuelven; es decir, a aquellas verdaderas razones que motivaron su nacimiento. Todo el pueblo de México lo tiene claro, las corruptelas del gobierno de Enrique Peña Nieto obligaron a la creación de un órgano que pretendía evitar y sancionar la corrupción, pero surgió como una válvula de escape tras el asunto de la Casa Blanca, de Atenco, Ayotzinapa, el derroche presidencial, etcétera.
Por eso cabe preguntarnos: ¿Realmente creemos que la Ley Anticorrupción erradicará los actos de corrupción de nuestros gobiernos?, ¿o seguirá el mismo rumbo de otras leyes que le anteceden y que ya prevén aspectos de la naciente ley?, ahí está la Ley General de Responsabilidades para Servidores Públicos, ahí está la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación para aplicarla.
No creo que la ley vaya a surtir ese efecto como se cree, sino más bien se busca entretener al pueblo mientras dejamos pasar los actos de corrupción de Peña Nieto y su gabinete, y nos olvidarnos de ellos. Para un servidor es ese el verdadero propósito del Sistema Nacional Anticorrupción. Lo es, como fue la respuesta que hace más de un año dio el presidente al asunto de las mansiones de la primera dama, la actriz de telenovelas, Angelica Rivera, y las casas del secretario de Hacienda Luis Videgaray, curiosamente vinculadas al mismo constructor, proveedor de gobierno federal. Es como si creáramos una ley para erradicar la pobreza, como una medida para hacer a un lado el señalamiento del déficit de nuestros gobiernos en el combate a este problema social. El fenómeno debe combatirse a través de distintos programas, a través de un plan integral que incluya a varias áreas del gobierno, donde interviene la aplicación de varias leyes para lograr el propósito final, pero no a través de una ley.
La situación de la corrupción en México se encuentra en un nivel crítico, así lo revelan al menos 12 organizaciones internacionales, entre ellas el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, entre otros que han sumado esfuerzos para revelar las condiciones en que se encuentran las principales economías del globo.
El Índice de Percepción de la Corrupción 2015 posicionó a México en el lugar número 95, en el ranking de corrupción, solamente comparable con países con alto grado de corrupción y no solo de América Latina. En la última medición la calificación general que los ciudadanos dan al grado de corrupción que perciben de sus gobiernos, México obtuvo un 35 puntos de 100, es decir, ni si quiera el 50 por ciento percibe que estamos bien.
México se encuentra al lado de Venezuela, Paraguay, Bolivia y Argentina, en América Latina; y a nivel internacional junto con Filipinas, Armenia y Malí. El estatus actual que muestra Trasparencia Internacional, es de poco interés del gobierno mexicano de querer realmente cambiar esa percepción, o en su defecto, buscan cambiar esa percepción pero con resultados magros, porque el ciudadano ya no les cree, por ello a pesar de esos esfuerzos por limpiar su imagen seguimos estancados, porque pese a las leyes, a los programas y demás, la corrupción se sigue dando de una u otra manera.
Hay una propuesta realizada por un servidor en la pasada campaña por la gubernatura y que forma parte de la plataforma política del partido que nos dio la oportunidad de trabajar de la mano por un proyecto que va mas allá de esta contienda electoral, Movimiento Ciudadano; la iniciativa es la creación de una Auditoría Ciudadana, que esté compuesta naturalmente por miembros de la sociedad civil, de los diversos sectores académicos, barras y colegios de profesionistas, de ciudadanos, para que sean ellos precisamente los que sin un interés relacionado a la política o al servicio público los que con calidad moral probada revisen a donde se va el gasto público, cómo se emplean en general los recursos. Que sean los ciudadanos los que se encarguen de vigilar el buen manejo del erario, porque de lo contrario, con la creación de un “Sistema Anticorrupción” que estará compuesto por los propios funcionarios públicos contratados por el presidente, por los gobernadores, los alcaldes o los legisladores, entonces estamos hablando de pura simulación, y en el otro caso de un verdadero ejercicio contra la degradación del gobierno.
De inmediato hubo un rechazo de esta propuesta a nivel nacional, pero no de la gente sino del propio gobierno que a través de una institución así visualiza truncadas sus esperanzas de hacerse de más capital que extraen de las arcas gubernamentales, de recursos materiales, de porcentajes o diezmos que cobran a quienes prestan servicios; ven con dificultad la idea de continuar inflando los precios para seguir beneficiándose, entre tantos otros negocios que se verían frustrados. Y ¿cómo no tenerle miedo a un órgano que siendo realmente ciudadanizado (no la simulación que ahora tratan de vendernos), si el gobernante no los contrata y por ende, no los puede manipular o callar?. Estoy sumamente convencido que esta sería en gran medida la solución a este grave problema que enfrenta la sociedad mexicana.
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