Por Cruz Pérez Cuéllar

El sistema de partidos en México, así como las organizaciones que aspiran a conformarse en uno de ellos, y las reglas que los rigen forma parte de una democracia inacabada que mantiene entre sus formas una serie de concesiones y obstáculos que impiden una adecuada organización de estos organismos políticos, principalmente a la hora de repartir el gobierno, sobretodo aquellos espacios que se eligen en las urnas como es la titularidad del Ejecutivo, pero sobretodo me voy a referir a la elección de quienes componen el Legislativo, que se erige en una asamblea que nosotros llamamos a nivel local Congreso del Estado, y a nivel federal Congreso de la Unión.  

A lo largo de nuestra historia “democrática”, la manera en la que el PRI en el Gobierno pudo destensar el enfado político por tantos años de gobierno, fue a través de la creación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), aprobada en 1977, siendo José López Portillo el presidente de la República, lo cual le dio oxígeno a su partido para mantenerse poco más de dos décadas, a fin de mantenerse en la cima del poder público.

A través de dicha reforma se introdujo el modelo de la representación proporcional para que el Congreso de la Unión tuviera expresiones distintas a la del partido hegemónico, el PRI, cuya voz era la única que se había escuchado en el recinto parlamentario en México. Aprovechando la recta, la reforma construida por Reyes Heroles, elevó el número de miembros para la Cámara Baja, de 186 a 400 diputados (después se aumentaron 100 más), eso le permitió a que por primera vez en el Congreso de la Unión participaran partidos distintos al PRI, como Acción Nacional (PAN) que obtuvo 42 curules por la vía de la representación proporcional, así como el Partido Popular Socialista (PPS), el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), entre otros.

Dicho sistema de reparto de diputaciones fue adaptado a las legislaciones locales, a fin de que, de la misma manera los gobiernos locales fueran cediendo un pequeño espacio a la competencia política del partido en el poder, que a pesar de la soltura de rienda podía seguir controlando los designios de los estados. Esa válvula de escape resultó relativamente efectiva ya que envió mensajes al exterior de que en México se estaban haciendo las cosas bien, de que aquí sí había democracia: de la hegemonía de un partido se anunciaba que habíamos evolucionado al pluripartidismo.

Esa figura mostrenca que estaba adquiriendo nuestro sistema de gobierno daba esperanzas de que poco a poco pudiéramos lograr un producto más completo, el salto era tímido, también era cínico, pero al fin caminaba la mula hacia adelante. En esa época se crearon muchos diablos en la política mexicana, y otros del pasado agarraron vuelo; por su puesto que no iban a dejar la posibilidad de victorias políticas a sus enemigos, la sartén la tenían bien tomada por el mango, los sectores del priismo eran cuantiosos y todos ellos con la membresía suficiente para que el juego electoral lo siguiera dominando el Revolucionario Institucional.

La repartición de las diputaciones plurinominales difícilmente se salía de control, había cierta capacidad para controlar a las masas, pero cuando había descuidos los órganos electorales hacían la tarea, los tenía el PRI-Gobierno tomados de los pelos, hasta que llegó la ciudadanización con la evolución del Instituto Federal Electoral y los entes similares en los estados, cuando al principio el IFE estaba sujeto al Ejecutivo a través del secretario de Gobernación, pero después, paulatinamente, varias reformas fueron involucrando la representación de consejeros ciudadanos en ese órgano.

A partir de aquí, la lucha por la verdadera representación de los partidos en los congresos locales, así como en el federal se volvió más tenaz, porque había menos (no digo que ya no haya) intermediarios de gobierno y así se podía y se puede apelar más a las leyes que tienen que ver con la distribución equitativa de las diputaciones conforme a las disposiciones electorales. La creación del Instituto Nacional Electoral y la constitución de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), impulsada por Enrique Peña Nieto, no bueno, ha resultado una completa regresión, no así la creación de figuras independientes para que participen abiertamente en las elecciones a nivel federal y en las entidades federativas.

El grave problema que se presenta, después de las últimas reformas, por ejemplo a nivel local donde acabamos de vivir la primer elección con las últimas modificaciones a las leyes electorales y la participación del INE y Ople (que han resultado un mal experimento), es que se siguen presentando vicios de esa democracia inacabada, un ejemplo claro es la distribución de votos que en los comicios pasados el PRI hizo, beneficiando a partidos que no tienen la suficiente representatividad, y por lo tanto que no son capaces de obtener por sí solos la suficiente cantidad de sufragios en las urnas para poder granjearse uno o varios diputados por la vía de la representación proporcional.

Así ocurrió en Chihuahua, en donde Movimiento Ciudadano corre con la mala fortuna de haber obtenido una sola diputación plurinominal a pesar de habiendo logrado casi el 7 por ciento del total de los votos emitidos, por lo cual le corresponderían por lo menos 2; en cambio otros partidos que no alcanzaron ni el 3 por ciento como el Verde o el PT, por esa correspondencia inadecuada de votos recibieron 2 diputaciones cuando no deberían tener ninguna.

Por congruencia debo decirlo, que a esto se suma una débil defensa por parte del propio Partido Movimiento Ciudadano, que debió haber impugnado el convenio  creado al momento de conformar las coaliciones entre el PRI, el Partido Verde, el Partido del Trabajo y el Partido Nueva Alianza, en abril del presente año. El recurso se presentó apenas el 3 de septiembre pasado, cuando las dificultades legales y la extemporaneidad amenazan cualquier demanda electoral. No hay excusa, la segunda diputación de representación proporcional le corresponde a MC, y se debió atacar la amenaza que representaba la repartición de votos desde el principio, y que a final de cuentas resultó muy dañina al propio partido que promovió la alianza.

La primera diputación quedará en manos de Miguel Vallejo Lozano; la segunda debería ya estar en manos de quien obtuvo el mayor porcentaje de votos en los 22 distritos electorales donde participaron los candidatos de Movimiento Ciudadano, María Esther Mejía, candidata a diputada por el Distrito 07 con sede en Ciudad Juárez, ella es una mujer que ha resultado la mejor candidata de MC en las últimas dos elecciones, donde ha obtenido el mayor porcentaje de sufragios de todos los aspirantes a las diputaciones por ese partido. En el pasado proceso electoral no sólo fue la que mayor porcentaje obtuvo de MC sino de partidos de mayor historia como el PRD, PT y Partido Verde, y en buena cantidad de distritos también superó a otros con mayor fuerza corporativa como al Partido Nueva Alianza.

En el Distrito 07, Esther Mejía obtuvo 10.33 % del total de votos, alrededor de 5 mil 500, lo cual la coloca como la mejor candidata de Movimiento Ciudadano, que con recursos y gestiones propias pudo hacer una campaña sobresaliente, destacando siempre por su carisma y su apoyo a los que menos tienen. En estos momentos está en espera de que los tribunales le den la razón, y pueda ser incorporada como diputada, con una lejana posibilidad, precisamente porque la defensa legal del partido se demoró demasiado y ahora es muy probable que se quede fuera.

En el recuento de daños también se incluye el municipio de Ignacio Zaragoza que se dejó ir, no hubo capacidad para defenderlo, esa es una experiencia que los abogados y dirigentes de MC deberá aprender bien o de lo contrario lo seguirán chamaqueando en cada elección. El resultado final para MC hoy debería ser proporcional a lo ganado en las urnas: 5 alcaldías y 2 diputaciones; la realidad es que se quedará con 4 Ayuntamientos y una sola diputación.

Vaya desde este espacio mi reconocimiento y admiración a Esther Mejía, quien ha sido una candidata muy comprometida de Movimiento Ciudadano en las elecciones del 2015 y 2016, con el deseo de que se le haga justicia y que su caso sirva para que los partidos y quienes se oponen a la repartición de votos gratuitamente como lo hizo el Revolucionario Institucional en esta ocasión, se avoquen con fuerza a eliminar esos recovecos de las reglas electorales o se adecúe la norma para impedirlo, porque es una franca y artera estrategia antidemocrática utilizada y permitida hasta hoy.

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